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LA JUSTICIA PENAL CUBANA, ES SOLO PARA LOS "REVOLUCIONARIOS" | Presos políticos en Cuba
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Political prisoners in Cuba

LA JUSTICIA PENAL CUBANA, ES SOLO PARA LOS "REVOLUCIONARIOS"

LA JUSTICIA PENAL CUBANA, ES SOLO PARA LOS "REVOLUCIONARIOS"
2008-09-12.
Juan Escandell Ramírez y Camilo Loret de Mola, Abogados de la Corriente
Agramontista

(www.miscelaneasdecuba.net).- Cuando la dictadura cubana asegura que "La
calle y la universidad son para los revolucionarios", está fijando las
reglas de su macabro juego, ratifica el principio que enarboló en aquel
temprano Congreso para Intelectuales, donde acorraló el arte con otra
sentencia: "Con la revolución todo, contra la revolución nada".

Realmente no son consignas, desgraciadamente son verdades, realidades
que imponen a la Revolución y a sus representantes principales como la
primera razón del país; después vendría todo lo demás.

El discurso oficial de la Revolución establece que en la medida que te
prestes a su juego tendrás posibilidades de sobrevivir, que además, tu
voluntad no es lo que prima, que esta obediencia obligada te será
impuesta y que de ello se encargan sus fuerzas represivas, tanto las
oficialmente expuestas en cada órgano o institución estatal, como las
otras disfrazadas de movimientos populares como las Brigadas de Repuesta
Rápida, grupos para oficiales que agreden impunemente a pacíficos
cubanos que protestan.

El último ejemplo de estas presiones y de cómo el Gobierno se vale de
cuanto elemento existe a su alcance para imponer su voluntad, es la
golpiza contra los integrantes del grupo de rock, Porno para Ricardo,
los amigos de Gorki Águila, ese valiente rockero que puso a temblar a la
tiranía.

Pero a la dictadura no le es suficiente ser dueña de calles y
universidades, de vidas y hacienda; es dueña también de la justicia
penal, utilizada a su antojo como instrumento de poder, reprimiendo
cualquier voluntad que intente disentir de sus slogans obligados.

El sistema jurídico cubano no escapa de la imposición de subordinación a
los intereses del poder. Si bien no existe una consigna o sentencia como
las antes expuestas, su actitud sumisa y de sometimiento a los dictados
del Poder hace evidente el triste papel establecido para el Poder
Judicial en las actuales condiciones cubanas.

!La justicia Penal solo para los "revolucionarios!, principio no
reconocido oficialmente, pero que los hechos confirman, miles de
fusilados y encarcelados sin garantías desde 1959, constantes farsas
judiciales y un permanente divorcio con la legalidad, demuestran que el
principio no necesita oficializarse, es evidente que esa actitud
clasista rige en los Tribunales de Cuba.

El pasado 25 de agosto del 2008, tres conocidos opositores al régimen:
Marta Beatriz Roque Cabello, Vladimiro Roca y Jorge Luis Pérez
(Antúnez), acudieron ante el Fiscal General de la República, Juan
Escalona, quien por razones de su cargo, ostenta de manera absoluta la
titularidad de la acción penal, (entiéndase la facultad o potestad de
perseguir cualquier acto reclamado como delito en reclamación de
justicia penal).

Estos conocidos disidentes acudieron a su presencia para denunciar que
sus correos electrónicos, llamadas telefónicas, vídeos personales, fotos
y otros documentos habían sido exhibidos sin su consentimiento, en
varias oportunidades, tanto en la televisión nacional y la prensa escrita.

Los opositores alegan con razones justificadas, que estos hechos son
constitutivos del delito previamente establecido de violación y
revelación del secreto de la correspondencia; previstos y sancionado en
los artículos 289 y 290 del Código Penal vigente.

Como autores del delito identifican a la personas conocidas como Randy
Alonso, Lázaro Barredo Medina, Manuel Hevia y Reynaldo Taladrid, todos
periodistas de los servicios de información nacional y que jugaron un
papel directo en la exposición pública de estos documentos personales.

También acusan a los funcionarios oficiales Coronel Adalberto Rabeiro y
Josefina Vidal Ferreiro, quienes en su condición de funcionarios del
sistema represivo del Gobierno, se valieron de los diferentes sistemas
de información nacional para exponer en detalles la forma y manera en
que se habían posesionado de tales documentos y reconocían como suya la
exhibición de los mismos ante diferentes programas informativos.

De haber estado vigente la Constitución de 1940 y la Ley de
Procedimiento Penal de antes de 1959, no habría necesidad de acudir al
Fiscal General para demandar justicia.

Marta Beatriz, Vladimiro y "Antúnez" gozarían de garantías suficientes
para hacer valer sus derechos como ciudadanos, se hubieran querellado
ejerciendo la acción penal popular que entonces sancionaban esas
legislaciones. Hoy ese monopolio absoluto responde a la Fiscalía que a
su vez, responde directamente al Gobierno y sus intereses, provocando un
sinnúmero de injusticia como la que relatamos.

Recibida la denuncia y de acuerdo al articulo 121 de la Ley de
Procedimiento Penal vigente, se debía haber procedido a la investigación
de los hechos, determinar si los mismos eran constitutivos de delitos o
no si los hechos denunciados eran manifiestamente falsos o tenían un
fundamento real, y en definitivas, de acuerdo a lo investigado, dictar
resolución archivando la denuncia por falta de elementos, o disponer el
inicio del Expediente de Fase Preparatoria si consideran que existen
elementos reveladores de la posible autoría de una infracción penal.
Este proceso judicial se debe acometer inclusive en casos donde la
denuncia sea de carácter anónimo y se desconozcan a los presuntos autores.

Pero, ¿cuál fue el comportamiento de la Fiscalía? Esta institución,
representada por el señor Fiscal General, Juan Escalona, de manera
arbitraria y delictiva, en vez de ejercer la acción penal de la que es
titular y por la que se encuentra obligado a defender a la sociedad y a
sus víctimas de la comisión de delitos y sobre todo a defender el
principio de legalidad que le viene impuesto por mandato constitucional,
rehusó conocer de la denuncia interpuesta, indicándole a los
denunciantes que presentaran el escrito en el Departamento de quejas a
la ciudadanía.

En mi modesta opinión, como técnico del Derecho, el fiscal General Juan
Escalona ha prevaricado porque rehusó y omitió injustificadamente el
cumplimiento de un deber que le venia impuesto por mandato constitucional.

Es la fiscalía la encargada de velar por la legalidad, y ejercicio de la
acción penal y por tanto tal conducta de omisión de sus obligaciones
tipifica evidentemente la infracción penal prevista y sancionada en el
articulo 137 del vigente Código Penal que dice: "El funcionario publico
que retarde maliciosamente la tramitación o resolución de un asunto de
que conozca o deba conocer u omita injustificadamente el cumplimiento de
un deber o de un acto que le venga impuesto por razón de su cargo o
rehúse hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres
meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas."

La Fiscalía General de la República de Cuba no duda en violar la Ley en
aras de proteger los intereses de Gobierno. Los vigilantes del
cumplimiento de la Legalidad Socialista resultan
los delincuentes
mayores. Su actitud es reprochable. La esquiva solución que pretenden
darle al legítimo reclamo popular de tres ciudadanos, persigue dilatar
el proceso y con una respuesta elemental dar por zanjada la situación.

Pero los tres opositores pueden seguir presionando a la dictadura,
pueden denunciar esta conducta ilegitima e ilegal del Fiscal General
ante el Presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, quien por Ley,
está obligado a proceder en su contra. De seguro harán uso de sus
artimañas y trucos para evadir la responsabilidad, pero se situaran en
una posición de descrédito tal que puede ser ventilada a nivel
internacional, demostrando su sucia esencia clasista, su papel de
servidores del poder. Una prueba más de la clase de arbitrariedad con
que lidia el pueblo cubano por estos 50 años.

Juan Escalona, al igual que los principales culpables de la tragedia
cubana, impone que la Justicia Penal es solo para los "revolucionarios"
y actúan de manera arbitraria en defensa del poder, no de los derechos
ciudadanos que como retórica barata y disfraz de sus intenciones,
aseguran representar.

Tantos años imponiendo voluntades les hacen sentirse seguros, se creen
impunes. A diferencia de ellos, aspiramos a que el día de mañana, cuando
les toque ser enjuiciados, puedan disfrutar de Tribunales imparciales,
con todas las garantías y no ejecutados por el origen primitivo de la
acción penal, la venganza de las víctimas de sus desafueros.

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=17102

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